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El PP lleva al Tribunal Constitucional los ‘viernes sociales’ del Gobierno

Casado advierte a Sánchez de que no puede gobernar como le salga «de los decretos»

Pese al revés de la Junta Electoral Central, el PP no piensa cejar y recurrirá ante el Tribunal Constitucional los llamados «viernes sociales» de la Moncloa. «En España, no se puede gobernar como a uno le sale de los decretos», afirmó Pablo Casado, con una media sonrisa entre pícara y asustada por lo que acababa de decir. Pablo Casado garantizó que su partido va a ir «hasta el final» en esta batalla.

La Junta Electoral desestimó este lunes una demanda del PP para suspender las conferencias de prensa posteriores al Consejo de Ministros de los viernes por su marcado carácter electoral. Pero Casado no se dio por vencido. En un acto de su partido en Zaragoza, señaló este miércoles que los anuncios semanales de los decretos leyes son «una ofensa al contribuyente, al que se le mete la mano en el bolsillo para pagar la campaña electoral» de los socialistas. El temor del PP radica en que las iniciativas gubernamentales (permisos de paternidad, subsidio por desempleo para mayores de 52 años, y regulación del mercado de alquiler, entre otras) tienen una potente carga social y es previsibe que cuentesn con un alto grado de aceptación que se puede reflejar en las urnas.

Pedro Sánchez, prosiguió el líder de la oposición, pretende hacer «en ocho semanas lo que no ha podido hacer en ocho meses», y encima venderlo «con un lacito». Casado señaló que a pesar de la resolución de la Junta Electoral contra su demanda, «no es ético» tomar medidas de ese calado mediante decretos cuando se trata de asuntos que no son urgentes.

El PP basará su recurso ante el Constitucional en que la Carta Magna establece que la aprobación de los decretos requiere que la materia sobre la que se legisla sea de «extraordinaria y urgente necesidad», requisitos que, a su entender, no se dan en los aprobados en estas dos últimas semanas por el Gobierno socialista. Todo lo contrario, dicen en el PP, son medidas «electoralistas».

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