El juez lleva a juicio a Torra por desobediencia

El presidente de la Generalitat se enfrenta a una pena de 20 meses de inhabilitación por no retirar a tiempo los lazos amarillos de los edificios del Gobierno catalán

Quim Torra se sentará en el banquillo de los acusados por los lazos amarillos. El juez que instruye la causa penal contra el presidente de la Generalitat ha dictado esta mañana apertura de juicio oral contra Quim Torra por un «delito de desobediencia o, subsidiariamente, un delito de denegación de auxilio a la autoridad competente».

El dirigente nacionalista será juzgado por no haber retirado las pancartas a favor de los presos, las 'estelades' y los lazos amarillos de los edificios del Gobierno catalán cuando se lo requirió la Junta Electoral, que estableció que en periodo electoral los poderes públicos tienen que tratar de mantener la neutralidad y evitar simbología partidista. La primera medida que adoptó Torra en cuanto fue investido presidente de la Generalitat fue colgar una pancarta a favor de los presos del Palau de la Generalitat.

La pancarta, que incluía un lazo amarillo, la descolgó tras negarse tres veces a hacerlo y la volvió a restituir una vez pasó el periodo electoral. Torra se enfrenta a una pena de 20 meses de inhabilitación, según el escrito de acusación presentado por la Fiscalía esta semana. El presidente de la Generalitat declaró el pasado 15 de mayo ante el juez del TSJC y admitió la desobediencia. Dijo que no retiró la pancarta porque estaba defendiendo la libertad de expresión. «Sí, desobedecí, porque yo me debo a un mandato superior de la ciudadanía de defensa de los derechos humanos», dijo.

Según el auto del juez, que no impone ninguna medida cautelar personal o económica al dirigente nacionalista, Torra mantiene «incólume su derecho a la presunción de inocencia», lo que no es óbice para poder afirmar que llevó a cabo, presuntamente, una serie de hechos, tal y como detalla el magistrado.

Por un lado, apunta que la Junta Electoral ordenó al jefe del Ejecutivo catalán que en el plazo máximo de 48 horas retirara toda la simbología partidistas de las sedes de la Generalitat. Le dio de plazo hasta el día 13 marzo 2019. En lugar de cumplir lo ordenado, el acusado presentó poco antes de vencer el término concedido un escrito solicitando a la Junta Electoral que reconsiderara la orden, solicitud que fue denegada el 18 de marzo, «apercibiéndole en esta ocasión de las responsabilidades administrativas y, en su caso, penales, en que pudiera incurrir de persistir en su desobediencia», según recuerda el juez. Fue la segunda orden supuestamente desobedecida.

Cumplido el plazo, el juez recuerda cómo el 20 de marzo, la Generalitat publicó una nota de prensa en la que decía que «el jefe del Govern reitera que no ha dado ni dará ninguna orden como le había exigido la Junta Electoral Central». Al día siguiente, el presidente catalán tapó la pancarta del lazo amarillo por una con el lazo blanco. Un día después, la Junta Electoral dispuso requerir al consejero de Interior de la Generalitat para que, de forma inmediata, dé instrucciones a los Mossos para que «procedan a retirar de los edificios públicos banderas esteladas, lazos amarillos o blancos con rayas rojas u otros de análogo significado, fotografías de candidatos o políticos así como pancartas, carteles o cualquier otro símbolo partidista o que contenga imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas por cualquiera de las entidades políticas concurrentes a las elecciones».

También dispuso «remitir testimonio a la Fiscal General del Estado por la responsabilidad penal en que haya podido incurrir el Presidente de la Generalitat. Esa misma tarde y para evitar la imagen de los Mossos retirando con sus propios manos los lazos y las pancartas, Torra acabó acatando la orden de la Junta Electoral.